La Generalitat Valenciana ha desplegado una estrategia contra la ocupación ilegal de viviendas que combina actuaciones inmediatas en el parque público, sistemas de seguridad y ayudas económicas para propietarios particulares que tengan que afrontar la recuperación de sus inmuebles.
Uno de los principales ejes es el nuevo servicio destinado a las viviendas gestionadas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA). El dispositivo funcionará las 24 horas del día y los 365 días del año y establece un plazo máximo de respuesta de una hora ante avisos de ocupación o intrusión.
No se trata, por tanto, de garantizar judicialmente un desalojo en 24 horas, sino de disponer de un operativo permanente capaz de intervenir de manera inmediata, iniciar los procedimientos de recuperación y coordinarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Un 13% del parque público, ocupado ilegalmente
La EVHA gestiona actualmente más de 14.500 viviendas públicas en la Comunitat Valenciana, de las que aproximadamente el 13% se encuentran ocupadas de forma irregular, según los datos facilitados por la Generalitat.
El servicio incluirá acompañamiento y representación de la administración en los procedimientos para recuperar los inmuebles, coordinación con las fuerzas de seguridad y supervisión de medidas preventivas como puertas antiocupación, alarmas y otros sistemas de protección.
A estas actuaciones se suman las realizadas desde julio de 2023. La Generalitat contabiliza 1.231 intervenciones para impedir ocupaciones, entre descerrajados, tabicados, cambios de puertas y otras actuaciones, además de la instalación de 608 puertas antivandálicas.
Hasta 2.000 euros para propietarios particulares
El plan también contempla apoyo a propietarios y usufructuarios de viviendas particulares afectadas por una ocupación ilegal.
La línea habilitada por la Generalitat permite cubrir hasta 500 euros en gastos de asesoramiento jurídico necesarios para recuperar la vivienda y hasta 1.500 euros adicionales para reparar los daños ocasionados en el inmueble, lo que eleva el apoyo máximo a 2.000 euros por beneficiario.
Para acceder a estas ayudas es necesario acreditar la titularidad o usufructo de una vivienda situada en la Comunitat Valenciana, la ocupación mediante denuncia o demanda y los correspondientes gastos profesionales. La convocatoria inicial establecía también una antigüedad mínima de un año de vecindad administrativa en la Comunitat.
La estrategia se completa con la Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación, concebida para ofrecer asesoramiento, prevención y atención gratuita, mientras la Generalitat prevé reforzar hasta un millón de euros la partida destinada al asesoramiento jurídico, recuperación de viviendas y reparación de desperfectos.
En paralelo, el Consell ha incrementado las medidas de seguridad sobre las viviendas públicas vacías con el objetivo de evitar nuevas entradas y acelerar la recuperación de aquellas que sean ocupadas ilegalmente.
