La Policía Nacional ha desarticulado una organización asentada en la provincia de Valencia dedicada presuntamente a favorecer la inmigración irregular mediante la venta de contratos de alquiler falsos. La operación se ha saldado con 45 personas detenidas en distintos puntos de España.
La investigación fue desarrollada por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia y comenzó en abril de 2025, después de una actuación de la Policía Local relacionada con empadronamientos fraudulentos en una vivienda de la ciudad.
A partir de ese primer caso, los agentes localizaron otras tres viviendas vinculadas al mismo entramado.
Un doble negocio con las mismas habitaciones
Según la investigación, el principal sospechoso y su mujer alquilaban viviendas como inquilinos y firmaban contratos en los que se prohibía expresamente el subarriendo.
Pese a ello, las habitaciones eran posteriormente anunciadas en plataformas de alquiler vacacional. Paralelamente, esas mismas estancias se utilizaban para elaborar contratos ficticios destinados a extranjeros que se encontraban en situación irregular en España.
Cada contrato se vendía por 300 euros.
Los beneficiarios utilizaban después estos documentos para realizar trámites relacionados con su regularización, a pesar de conocer, según la Policía, que los contratos eran falsos y que no podían residir realmente en esos domicilios, ya que las habitaciones estaban ocupadas por clientes captados a través de las plataformas turísticas.
45 arrestos en diferentes puntos de España
La investigación terminó con la detención de 45 personas relacionadas con los hechos.
De ellas, 21 fueron arrestadas directamente por la UCRIF de Valencia, mientras que el resto fueron localizadas por diferentes unidades policiales del país después de que los investigadores emitieran requisitorias para proceder a su detención.
La Policía Nacional considera desarticulado así un entramado que obtenía un doble beneficio económico de las mismas viviendas, combinando el subarrendamiento turístico con la venta de contratos falsos utilizados posteriormente en procedimientos administrativos de extranjería.
