El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de la provincia de Valencia ha experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años, coincidiendo con la aplicación de la conocida como “ley de nietos”. Desde las elecciones generales de 2023 hasta julio de 2026, la circunscripción valenciana ha incorporado 11.663 electores residentes en el extranjero, situándose entre las provincias españolas con mayores aumentos en términos absolutos.
La evolución también se aprecia al ampliar la perspectiva. A comienzos de 2022, la provincia contabilizaba 67.557 electores CERA, mientras que en enero de 2026 ya eran 79.925, lo que supone 12.368 inscritos más y un crecimiento superior al 18% en cuatro años.
El incremento coincide temporalmente con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022, aunque los datos del censo no permiten determinar qué parte exacta de todas las nuevas altas procede exclusivamente de esta vía de nacionalización.
Valencia capital supera los 42.800 electores en el extranjero
El fenómeno resulta especialmente visible en la ciudad de Valencia. El municipio pasó de tener 35.662 electores residentes en el extranjero en enero de 2022 a 42.854 a comienzos de 2026.
Son 7.192 electores más, un aumento de aproximadamente el 20% en apenas cuatro años. El CERA representa así una bolsa electoral cada vez mayor vinculada a la capital valenciana.
Estos ciudadanos no participan en las elecciones municipales, pero sí pueden votar en las autonómicas, generales y europeas cuando cumplen los requisitos correspondientes. En las elecciones generales, sus papeletas se incorporan al escrutinio de la circunscripción de Valencia y pueden adquirir relevancia cuando el reparto del último escaño se produce por diferencias ajustadas.
El Supremo interviene ante el crecimiento “extraordinario” del CERA
La expansión del voto exterior ha terminado situándose en el centro del debate judicial. El Tribunal Supremo acordó la pasada semana suspender cautelarmente los efectos electorales de las altas realizadas al amparo de la denominada ley de nietos, salvo en aquellos casos en los que se acredite que el beneficiario desciende de españoles que sufrieron exilio en los supuestos establecidos por la norma.
El Alto Tribunal considera que el aumento registrado en el CERA supone un “incremento extraordinario” y aprecia un “peligro fundado, real y serio” de que pueda afectar a la objetividad y transparencia del proceso electoral. Según los datos recogidos en los autos, el censo exterior español había incorporado 408.262 nuevos electores desde las generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026.
La medida es cautelar y no retira la nacionalidad española a quienes la hayan adquirido. Lo que queda suspendido temporalmente es el efecto electoral de determinadas inscripciones mientras el Supremo resuelve definitivamente los recursos.
El Gobierno de España rechaza la decisión
El gobierno socialista ha mostrado su desacuerdo con las cautelares. Pedro Sánchez ha acusado a PP y Vox de intentar “cercenar el derecho al voto” de miles de españoles, mientras el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha pedido al Supremo que resuelva definitivamente el procedimiento antes de las elecciones previstas para 2027.
Mientras continúa la batalla judicial, los datos reflejan la magnitud del cambio también en Valencia: más de 11.600 nuevos electores exteriores en la provincia desde 2023 y un crecimiento cercano al 20% en la capital desde 2022.
La Junta Electoral Central estudia además desde este lunes cómo ejecutar el requerimiento del Supremo y cómo diferenciar las inscripciones que responden directamente a los supuestos de exilio contemplados por la ley de aquellas derivadas de la interpretación posterior aplicada por el Gobierno de España.
